LOS DENOMINADOS “CONTRATOS ELECTRÓNICOS”

LOS DENOMINADOS “CONTRATOS ELECTRÓNICOS”

Por Agustin Martinez Plinio

Los avances de la tecnología y su necesaria utilización en tiempos de aislamiento social han reavivado la trascendencia actual de aquellos acuerdos de voluntades que son concretados utilizando medios de comunicación informáticos. Innumerables ventajas nos brinda este tipo de contratación, sobretodo en materia de celeridad, lo que trae aparejado situaciones de relevancia práctica y jurídica a solucionar.-

Antes que nada, nos preguntamos ¿cuando estamos frente a un contrato electrónico? creemos que lo central pasa por captar de qué manera se ha obtenido el consentimiento de las partes. Es decir, el CCCN nos enseña que el perfeccionamiento del contrato se da mediante la aceptación de una oferta ya sea de manera inmediata (cuando estamos frente a un contrato entre presentes) o cuando esa aceptación es recibida por el oferente (contratos entre ausentes).  Ahora bien, el “medio” del cual se valdrán las partes para manifestar su voluntad y así lograr el afamado consentimiento es el que determinará que nos encontramos frente a un “contrato electrónico” o contrato “por medio informático”.-

Aclaramos, adentrándonos en el análisis, que los contratos electrónicos no deben confundirse con los informáticos. Los contratos informáticos son aquellos cuyo objeto recae sobre bienes y/o servicios informáticos tales como la adquisición, licencia de uso, etc de hardware o software. En cambio, en los contratos electrónicos nos centramos en la formación del consentimiento a través de medios informáticos.-

Teniendo en cuenta lo arriba diferenciado, será también de utilidad distinguir dos situaciones a los fines de dilucidar la normativa aplicable. Por un lado, aquellos contratos electrónicos que se perfeccionan de manera instantánea, por mas que sean a la distancia, ya que se cumlple con el requisito de la “inmediatez”(1). El art. 974 del CCCN expresamente dispone que la oferta realizada por un medio de comunicación instantáneo solo puede ser aceptada en simultáneo. Por otro lado, nos encontramos frente a los contratos electrónicos en los que media un lapso de tiempo entre la oferta y la aceptación(2), se los reputará como contratos entre ausentes, es decir, al momento en que se reciba la aceptación se perfeccionará el contrato.-

Continuando con el desarrollo, no debemos perder de vista el encuadre clasificatorio del contrato. Dependiendo las partes y la formación del consentimiento, estaremos frente a un contrato: a) paritario (es decir, negociado en equivalencia de condiciones); b) de adhesión o c) de consumo.-

Si estamos frente a un contrato electrónico de adhesión (que puede o no ser de consumo) serán de aplicación las reglas relativas a los arts. 984 y siguientes del CCCN. ¿Que implica? Los contratos por adhesión se caracterizan en que la parte aceptante solo decide adherirse a la voluntad previamente expresada por el oferente, con cláusulas pre redactadas de manera genérica. La normativa va a exigir, para que dichos contratos sean válidos, que las cláusulas que contenga el contrato sean: a) Comprensibles: clara y fácilmente legibles. En idioma nacional, salvo contratación internacional. b) Autosuficientes: completa, debe bastarse a sí misma, no debe remitir a otros documentos. La interpretación ante ambigüedades será contraria al predisponente y se tendrán por no escritas las denominadas “cláusulas abusivas”.-

La contratación electrónica acentúa las características de los contratos por adhesión, solo el hecho de poder perfeccionar un contrato presionando la tecla enter, “clickeando”, tocando una pantalla táctil o apretando un botón de una consola de videojuegos nos determina la imposibilidad de aclarar lo más mínimo. Las cláusulas negociadas en particular, serán la excepción.-

En la misma categoría, podemos incluir la figura análoga de los contratos “shrink-wrap” aquellos donde el adherente realmente se ve desprotegido ya que ni siquiera accede de manera inmediata a la información sino que le son acercados una vez perfeccionado el contrato. Los clásicos ejemplos vienen de la mano de la compra de programas de software cuando, una vez que aceptamos la compra (perfeccionamos el contrato), se nos muestran los términos y condiciones. 

Respecto a los contratos de consumo, que serán mayoría en contratacion electrónica, se encuentran regulados específicamente en el CCCN (art. 1092 y ss) y en la Ley de defensa al Consumidor. Son aquellos contratos celebrados entre un proveedor y un consumidor. Se considera al consumidor como la parte “débil”  de la relación siendo aquella que adquiere o utiliza un bien o servicio como destinatario final. 

En materia de consumo ya encontramos regulación específica por cuanto el CCCN los considera contratos celebrados bajo “modalidades especiales” aclarando que, serán reputados como contratos celebrados a distancia cuando no hay presencia física simultánea. El acierto viene de la mano de equiparar el soporte el electrónico al soporte papel para el caso en que se requiere como formalidad que el contrato sea por escrito dando lugar a la afamada “despapelización”. Aún así, de surgir cualquier tipo de conflicto ¿tendrá igual fuerza probatoria que un documento papel? debería, aunque comúnmente las actualizaciones e innovaciones legislativas tienen un efecto paulatino en los operadores jurídicos. 

Las implicancias prácticas serán, entre otras, la flexibilización del derecho a revocar el contrato, lo que podrá ser realizado sin causa alguna, la obligatoriedad de las ofertas durante todo el tiempo en que sean visibles para el destinatario y el deber de información agravado. A todo ello debe sumarse la protección del consumidor a través de la ley 24240 y la especial aplicación de los principios consumeriles.-

La normativa en favor del consumidor hará las veces de manto protector por cuanto existirá cierta flexibilidad probatoria e interpretación más favorable al consumidor. Incluso, podrá darse lugar a los reclamos de daños y perjuicios, y, entre ellos, reclamarse daño moral. A modo de ejemplo, vemos como la Cam 6ta civil y comercial de Córdoba hace lugar “… Establecido que el daño fue el resultado del incumplimiento de la empresa demandada de sus deberes de información, trato digno y por la falta de reconocimiento del irrenunciable derecho de la consumidora a la revocación del contrato celebrado por medios electrónicos, el daño moral de la actora surge evidente de la circunstancia probada referida a los diferentes reclamos que debió realizar tanto ante la empresa como en la Dirección de Defensa del Consumidor, sin respuesta satisfactoria…”(3).-

Habiendo repasado, en acotado resumen, la ubicación de cada contrato electrónico en las distintas clasificaciones, nos centramos ahora en aclarar algunas cuestiones genéricas relativas a la forma. La regla, establecida en el art. 284 del CCCN y ratificada en materia contractual en el art. 1015, consagra la libertad de formas en los actos jurídicos (incluidos los contratos) salvo excepciones legales o convencionales. Los instrumentos pueden o no estar firmados, la firma acredita que la persona ha manifestado su voluntad. entonces nos cabe preguntarnos ¿qué tipo de firmas conocemos? suelen confundirse entre sí. 

La firma ológrafa será la manuscrita, aquella que consista en un nombre o un signo de su autor. Distinta a la firma digital, que puede reemplazarla en los instrumentos electrónicos, y que la Ley de Firma Digital la define como: “resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma.”  como podemos observar, la firma digital es un complejo procedimiento que acredita autoría del instrumento y a su vez es un concepto jurídico. 

Por último, encontramos la firma electrónica, distinta a las dos anteriores. Será, según la misma ley, aquel conjunto de datos asociados a otros datos utilizado por el signatario como su medio de identificación (ej: cuando vemos la firma inserta por medios electrónicos en el documento), lo central radica en que la firma electrónica no cuenta con las certificaciones de la firma digital por lo que habrá que acreditar la autoría del instrumento por otros medios.-

Habiendo dado un panorama general acerca de las distintas situaciones que se nos presentan frente a la contratación electrónica podemos concluir en que contamos con las herramientas necesarias para afrontar los cambios que se dan día a día. Sin perjuicio de ello, deberá la legislación mantenerse actualizada, acompañar y proteger a las partes. Creemos podría mejorarse la técnica legislativa ya que ciertas cuestiones, como vimos anteriormente, han sido receptadas solo en materia consumeril y no para la generalidad de los contratos.- 

  1.  vgr. Contratos perfeccionados utilizando skype, zoom, whatsapp u otras plataformas que permitan contacto directo.
  2. vgr. Se envía una oferta por correo electrónico.-
  3.  Tribunal: Cámara 6a Civil y Comercial, Córdoba: Autos: «Álvarez, Beatriz c/ Falabella SA – Abreviado – Otros – Recurso de Apelación (Expte. Nº 02644308/36)»Sentencia Nº: 9. Fecha: 22/02/2017

Bibliografía consultada:

EVENTOS, GIMNASIOS Y COMPLEJOS EDUCATIVOS

EVENTOS, GIMNASIOS Y COMPLEJOS EDUCATIVOS

Por Candelaria Sartori

Una de las primeras restricciones impuestas por diferentes provincias y municipios en el marco de la pandemia mundial, fue la suspensión y cancelación de eventos masivos, públicos y privados.

Debe tenerse en consideración que la legislación argentina tiene un plexo normativo amplio en protección de los consumidores. A más de ello, el art. 1090 del CCCN contempla la posibilidad de rescindir un contrato cuando se ve “frustrado el fin del mismo” la suspensión o terminación de un contrato por esta causal, estará disponible incluso cuando el contrato no incluya una disposición al respecto.

A continuación, pondremos de manifiesto situaciones que se presentan en nuestro dia a dia, a los fines de su mayor comprensión.-

Evento o espectáculo que fue cancelado (conciertos, fiestas, o eventos deportivos o culturales)

En cuanto a entradas a diferentes eventos masivos públicos o privados (fiestas, conciertos, teatro, partidos, etc.), lo habitual es que se reprograme en otra fecha la celebración del mismo y se podrá ingresar con la misma entrada. En dicho caso, el consumidor podrá optar por aceptar la reprogramación.-

En el caso de que el mismo se vea imposibilitado de asistir y/o decida no aceptar la propuesta que se le haya acercado tiene derecho a la devolución íntegra del importe abonado, ya que evidentemente nos encontramos ante una situación de fuerza mayor.-

Cuotas de gimnasio

Se podrá reclamar el reembolso de la parte proporcional por los días que no hayan brindado el servicio, en caso de que no se ponga a disposición ningún tipo de alternativa de entrenamiento, como por ejemplo, clases virtuales, para que los usuarios continúen con el mismo.-

Instituciones Educativas Privadas

Las cuotas de las mismas, deberán continuar abonandose, ya que  el servicio se continúa prestando de manera alternativa. Sin embargo, atento a la situación actual, el Gobierno Nacional mediante el acuerdo publicado el 02/04/2020  estableció una serie de recomendaciones para instituciones educativas de gestión privada, entre las cuales,  se encuentran el congelamiento de aranceles, no cobrar servicios directos interrumpidos (como por ej. comedor del colegio), diferir el pago de un porcentaje del total del arancel para aquellas familias que no puedan afrontarlos y flexibilizar o extender las fechas de pago, entre otras.-


LA PRESIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO ARGENTINO

LA PRESIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO ARGENTINO

Por Gina Di Benedetto

El sector privado se ha visto azotado en los últimos años por el 106% que representa la tasa total de impuestos y contribuciones obligatorias (a nivel federal, estatal y local, junto con cualquier otra imposición que afecte a cuentas comerciales) que debe soportar una empresa local en nuestro país (el porcentual es expresado como una proporción de los beneficios).

De acuerdo con el ranking global, duplicaríamos el promedio de impuestos que aplican los países según la medición de la OCDE (40,4%).

La explicación  radica en múltiples aspectos a tener en cuenta, uno de ellos es la imposibilidad de las empresas locales de ajustar sus balances por inflación, el 35% del impuesto a las ganancias es nominal y en la realidad las firmas terminan pagando entre el 45%-50% final, ya que el Estado cobra impuestos sobre utilidades inexistentes al no permitir el ajuste inflacionario (y termina gravando “ganancias” que no existieron o hasta en casos, donde en realidad hubo pérdidas).

Superando la centena de tributos a nivel nacional, provincial y municipal la superposición de impuestos trae como consecuencia que la industria llegue a pagar, a veces, hasta tres impuestos diferentes sobre una misma base imponible.

Esto, repercute directamente en el consumidor final, quien termina pagando entre un 40%-50% más por los bienes y servicios que adquiera. 

Nuestras empresas se ven afectadas directamente en su posibilidad de salir a competir en el mercado, ven esfumada cualquier oportunidad de inversión y, con ello, se disminuye enormemente su desarrollo.

 La situación descripta ha afectado principalmente a pymes locales y a firmas de exportación manufacturera.

Con este panorama, el paquete de medidas de contención anunciadas por el Estado y dirigidas al sector privado resultan por demás insuficientes más en un contexto de recesión económica.

Como sugerencia, creemos se deben contemplar medidas que incluyan a los monotributistas, autónomos y cuentapropistas, quienes también son parte del sector más vulnerable frente a la crisis actual y no encuentran alivio en las medidas adoptadas hasta el momento.

Perseguimos que el  Estado ofrezca un paquete de medidas paliativas genuinas para así apoyar a los actores de la economía que pueden sacar al país adelante, siendo generadores de puestos de trabajo y posibilitando la impulsión de la producción nacional con el acompañamiento de una economía que les de contención y oportunidad de hacerlo.

CANCELACIÓN DE VIAJES EN CUARENTENA: ¿Cuáles son los derechos del pasajero?

CANCELACIÓN DE VIAJES EN CUARENTENA: ¿Cuáles son los derechos del pasajero?

Por Candelaria Sartori

En el marco de la pandemia global, tras conocerse la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución N° 567/20 del Ministerio De Salud, que estableció la prohibición de ingreso al país, por un plazo de 30 días, de las personas extranjeras no residentes que hubieren transitado por “zonas afectadas” en los 14 días previos a su llegada, y la publicación de los Decretos N° 274/2020 y 313/2020 que prohíben el ingreso de extranjeros no residentes al territorio nacional y argentinos con residencia en el exterior  a través de puertos, aeropuertos, pasos internacionales, centros de frontera y cualquier otro punto de acceso, sumado al cierre de múltiples fronteras alrededor del mundo, la gran mayoría de los viajes de múltiples pasajeros fueron cancelados.

Cancelaciones y reprogramaciones de viajes.

Los derechos que asisten al pasajero por cancelación de vuelos y denegación de embarque, que aplicarían en estas circunstancias son, por un lado el endoso de su contrato de transporte (incluyendo conexiones con espacio confirmado, cuando sea aceptable para el pasajero) o a ser reencaminado por otra ruta hacia el destino indicado en el contrato (por los servicios del transportador o en los servicios de otro transportador, o por otro medio de transporte, en estos últimos casos sujeto a disponibilidad de espacio).

Por otro lado, además, se prevén los reintegros de la tarifa por causas no imputables al pasajero cuando un transportador cancela un vuelo.

En relación al monto del reintegro, será igual a la tarifa pagada cuando ningún tramo del viaje haya sido realizado, la cantidad a reembolsar será igual a la tarifa pagada.

En el caso que un tramo del viaje haya sido realizado, la cantidad a reembolsar será, en el transporte interno, el monto de la tarifa pagada por el pasajero desde el punto de cancelación hasta el aeródromo de destino indicado en el billete, y en el transporte internacional será el más alto de la tarifa de ida, menos descuentos y cargos aplicables desde el punto de interrupción hasta el de destino o primer punto de parada, estancia, o la diferencia entre la tarifa pagada y la tarifa por el transporte utilizado.

Asimismo, debemos tener en cuenta, que la normativa indica que aquellos pasajeros que, voluntaria y expresamente, acepten la compensación por embarque denegado, no tendrían derecho a efectuar ningún tipo de reclamo posterior al transportador.

Reembolsos De Hotelería

Aunque muchas plataformas de reserva de alojamiento y hoteles también están flexibilizando sus políticas de cancelación, como en el caso de “Airbnb”, la cual en las reservas hechas hasta el 14/03 inclusive, permite cancelar las reservas de alojamiento, aunque no se haya elegido ese tipo de tarifa, y recibir un reembolso del 100% sin penalidad alguna, o el caso de la plataforma Booking, que también está reembolsando cualquier pago por adelantado y eliminando los cargos de cancelación en los casos en que el cliente haya solicitado cancelar la reserva con motivo de la situación de fuerza mayor,  numerosas cadenas de hotelería no han contestado ni reembolsado el monto de la estadía a sus clientes.

En Argentina la situación imposibilidad de cumplimiento de una obligación por circunstancias de fuerza mayor ajenas a las partes  está prevista en el art. 955 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación (en materia de obligaciones), y refiere a circunstancias imprevistas y fuera del control de las partes que pueden hacer que el cumplimiento de sus obligaciones sea demasiado gravoso o incluso imposible. Si tenemos en cuenta esta definición, la pandemia internacional del COVID-19 encuadra perfectamente en la misma. La parte que invoca la fuerza mayor puede suspender, diferir o liberarse de responsabilidad. Por otro lado, en materia contractual, el art. 1090 del CCCN contempla la posibilidad de rescindir un contrato cuando se ve “frustrado el fin del mismo” la suspensión o terminación de un contrato por esta causal, estará disponible incluso cuando el contrato no incluya una disposición al respecto.

Además, mediante las Resoluciones 131/2020 y 136/2020 del Ministerio De Turismo y Deportes publicadas el 17 y 18 de marzo de 2020 respectivamente, se establece que los Agentes de Viaje, los establecimientos hoteleros, los servicios de alojamiento temporario, de la República Argentina, deberán devolver a los turistas usuarios toda suma de dinero que hubieren percibido en concepto de reserva por alojamientos, cualquiera sea la plataforma transaccional o modalidad de reserva, contratación o pago, a ser usufructuados durante el periodo comprendido entre la fecha de entrada en vigencia de la medida y el 31 de marzo del año en curso.

Decidieron poner un freno la iniciativa gravar de forma extraordinaria las “altas rentas” a través de la creación del llamado «Impuesto Patria»

Decidieron poner un freno la iniciativa gravar de forma extraordinaria las “altas rentas” a través de la creación del llamado «Impuesto Patria»

Por Gina Di Benedetto

El oficialismo decidió “dar de baja” el proyecto presentado por los diputados de extracción sindical Hugo Yasky (CTA), Carlos Cisneros (La Bancaria) y Vanesa Siley (Judiciales)  de crear un impuesto que grave el 1.25% sobre los bienes que superen los 10 millones de pesos registrados en el país y de 1.75% en el exterior; alegando que decidieron unificar posturas y que va a haber un único proyecto del Frente de Todos que sea  «sensato, equilibrado y bien hecho», ya que la tentativa inicial carecía de técnica tributaria y padecía de términos jurídicos imprecisos, entre otras falencias.

El proyecto prometía, además, un impuesto del 10% de su declaración jurada a quienes tengan una rentabilidad superior a 50 millones de peso, el destino de la recaudación era material sanitario (que se  coparticipan con las provincias y éstas con los municipios) como nueva medida para afrontar la crisis económica causada por el Covid-19.

Ahora, el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, está al frente de un nuevo proyecto por encomendación del diputado Máximo Kirchner. Donde plantean gravar de manera “extraordinaria, retroactiva y por única vez» que igualmente abarcaría a los más de US$ 100 mil millones que se blanquearon en 2017. 

La medida que proponen ciertamente no sorteará el mecanismo de control de constitucionalidad, ya que estaría tomando como hecho imponible una exteriorización de riqueza previa a la sanción de la ley y ello representa una palmaria violación a los derechos, principios y garantías resguardados por nuestra Carta Magna.

Quienes se se acogieron a dicho régimen por ley del Congreso en 2016 (ley 27.260, Régimen de Sinceramiento Fiscal) ya han, han quedado liberados de cualquier clase de sanciones vinculadas a dicha operación, por lo que un impuesto retroactivo sería inaplicable conforme a nuestra Constitución Nacional.

Su implementación atentaría contra la seguridad jurídica (pilar insustituible de todo régimen republicano y democrático) de quienes recurrieron a esta amnistía para exteriorizar moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país o en el exterior -abonando asimismo un impuesto especial -cuya alícuota dependía de cada caso en particular-

La seguridad jurídica se encuentra íntimamente ligada a las garantías de la persona frente al Estado y se extiende tanto al derecho a la propiedad como al resto de las libertades positivas del hombre. Cuando un derecho se encuentra en nuestro dominio (i.e. derecho adquirido), es incuestionable el hecho de que ni el legislador mismo puede desapropiárnoslo con regulaciones a posteriori (como plantea hacer el Gobierno, cobrando a quienes adhirieron al blanqueo un plus de impuesto no previsto en la ley original).

Como dictaminó el Procurador General de la Nación, José O. Casás, en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Insúa, Juan Pedro 01/10/1987 LL 1988 B-215:

“La convalidación de un decreto de naturaleza impositiva inconstitucional, por una ley posterior, resulta igualmente violatoria del art. 17 de la Constitución Nacional, desde que el efecto retroactivo de la ley encuentra un valladar insorteable en una situación definitivamente creada al amparo de la legislación precedente.”(…)“… Quiero recordar las enseñanzas ya más que centenarias del inspirador y maestro de la Constitución Juan Bautista Alberdí (…): ‘Por el impuesto mal colocado, matáis tal vez un germen de riqueza nacional. Por el impuesto mal recaudado, eleváis la contribución de que forma un gasto adicional; atacáis la seguridad, formáis enemigos al gobierno, a la Constitución y al País, alejando las poblaciones asustadas de un fisco armado en nombre de la República de todas las herramientas de la inquisición. Las contribuciones, opuestas, los fines y garantías de la Constitución son contrarias precisamente al aumento del Tesoro Nacional, que según ellas tiene su gran surtidero en la libertad y en el bienestar general’.”

Así mismo, dicho impuesto vulneraría tanto el principio de capacidad contributiva la cual no debería medirse por el patrimonio que uno tiene hoy en base a algo que se hizo en 2017, como el principio de igualdad, porque el hecho de haber adherido al régimen de sinceramiento fiscal en el pasado no significa una mayor capacidad contributiva. La medida propone, sin límite de tiempo, un impuesto suplementario a la ganancia del 10%, que se suma al 35% al que ya está gravada, ello hace un total de 45%, lo que confiscatorio a todas luces.

Por lo expuesto, creemos que, si se aprobara la implementación de esta medida tributaria categóricamente inconstitucional, tendría como consecuencia -entre otras- un enorme menoscabo de la confianza de la población en el Estado y, los contribuyentes, (remarcando que afectaría no sólo a la clase alta si no, también, a la clase media) no recurrirán nuevamente a este tipo de recursos recaudatorios como son los sinceramientos fiscales. Creemos que este temor y desconfianza podría, además, conllevar nuevamente a una fuga de capitales y a la salida las pocas empresas multinacionales que aún apuestan en el país (sin mencionar que es un repelente para cualquiera nueva inversión o emprendimiento).

El Gobierno debería recurrir a un nuevo blanqueo en lugar de gravar los a los activos ya blanqueados, a causa de que una enorme porción de la masa gravable de recursos aún se encuentra sin declarar y deberían implementarse medidas para que éstos sean sincerados. Así, en una etapa posterior a la crisis causada por la pandemia, se procedan a implementar diferentes regulaciones para disminuir esta agobiante carga impositiva global que es asfixiante para los contribuyentes y genera de esta situación de ocultación de activos, impactando directamente las arcas del Estado.