Cheque Electrónico – ECHEQ

Cheque Electrónico – ECHEQ

Por Pablo Davil

En este breve artículo vamos a tratar de acercar al lector, PYME o no PYME, algunas consideraciones básicas del Cheque Electrónico o su denominación en el mundo “bancario” como ECHEQ. 

El objetivo de este artículo lo daremos por cumplido si logramos empoderar al público lector recomendando utilizar esta herramienta, que si bien tienen ya, normativamente hablando, más de un año entre nosotros, fue recién a partir de julio de 2019 que el BCRA reglamentó de manera definitiva la implementación del mismo.

Antes de adentrarnos en el tema que nos compete, me veo obligado a hacer una breve reflexión. ¿Por qué el ECHEQ? Las razones van en línea, como lo he tratado en mi artículo anterior sobre Criptomonedas, a como la pandemia mundial ha cambiado radicalmente la forma de relacionarnos en la vida cotidiana (comprar comida, ropa, etc) y en la forma de hacer negocios (nadie descarta hoy tener un e-commerce, o piensa que comercio digital no le agrega valor), por esa razón creemos que esta herramienta que tuvo sus orígenes en la ley 27.444, o mejor dicho la ley de SIMPLIFICACIÓN Y DESBUROCRATIZACIÓN PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA NACIÓN, es una herramienta que nos brinda la tecnología para lograr, entre otras ventajas, el distanciamiento social y la disminución del tráfico de papel.

Como punto de partida, definiremos conceptualmente al ECHEQ, como un título cambiario emitido de manera electrónica en el que se establece una orden de pago de un cierta suma de dinero, con ciertas condiciones para el plazo del pago, a favor de un beneficiario del título electrónico emitido. Es importante destacar que el BCRA y la normativa del ECHEQ establecen la convivencia de ambos regímenes, es decir el cheque papel y el cheque electrónico, y que las implicancias y efectos son iguales por lo que el ECHEQ tiene las mismas acciones cambiarias y ejecutivas no solo contra el librador del mismo, sino también, como veremos más adelante, contra los endosantes. Es decir, que en términos simples: es un cheque, tal cual lo conocemos, pero emitido mediante un sistema electrónico especial y regulado, prescindiendo del uso del papel y de la firma manuscrita.

Suele confundirse con una transferencia bancaria, pero es importante para su operatividad explicar en que se diferencia radicalmente una de la otra. La transferencia bancaria es un débito instantáneo en la cuenta al momento de realizar la misma, y más aún no es endosable, ni negociable. Por lo que no puede considerarse un instrumento cambiario, ni menos aún servir de instrumento de financiación, algo tan ansiado para la realidad PYME y del hombre de a pie, en estos momentos, en donde la actividad se encuentra resentida mostrando resultados negativos históricos…..

Apuntalados los conceptos y con el ánimo de darle un sentido práctico al presente, pasemos a analizar brevemente las principales virtudes de este instrumento para luego pasar a explicar cómo es la operatoria de un ECHEQ. Rápidamente podemos vislumbrar las siguientes ventajas: simplificación de la emisión y circulación, disminuye el margen de error en la confección de los mismos (esto muchas veces es causal de rechazo, demora en pagos, etc.), reducción de costos desde la impresión hasta la logística, facilita la negociación, entre otros. 

Con respecto a la operatividad del mismo, sintetizamos los pasos a seguir para quitar mística a esta herramienta demostrando la simplicidad en su accionar. 

  1. El librador desde su home banking, elija la opción para emitir el ECHEQ
  2. Complete los datos necesarios para librarlo, es decir: fecha de emisión, fecha de pago (puede ser a la vista o de pago diferido), monto, CUIT del beneficiario
  3. Se le da OK a la opción de emisión.
  4. El destinatario, según el banco y los canales de comunicación utilizadas, recibirá una alerta de que tiene un ECHEQ emitido a su favor.
  5. El destinatario, debe aceptarlo o rechazarlo. Esto es de suma importancia porque la aceptación por medio electrónica reemplaza el recibo “papel” manuscrito que generalmente firma el beneficiario al momento de recibir un cheque tradicional. Lo mismo sucederá en la cadena de endosos.
  6. Aceptado el ECHEQ, el destinatario podrá: depositarlo, endosarlo, negociarlo, o bien dejarlo en custodia hasta su pago. 

Es importante destacar que el BCRA ha instrumentado y reglado que todo la Banca Privada deberá brindar la funcionalidad a los clientes que cuenten con cheques tradicionales y/o cuentas corrientes.

En conclusión, el ECHEQ no solo es una herramienta tecnológica que nos permite relacionarnos de manera remota, en tiempos de distanciamiento social, sino que es una herramiento más como fuente de financiamiento para la PYME, porque facilita su negociación, pudiendo realizarse a distancia, reduciendo costos en la operación, logísticos, al tiempo que evita la necesidad de revisar documentos manuscritos que pueden contener errores, que generan demoras innecesarias en la cadena de pagos.

EL EMPLEO EN LAS ECONOMÍAS DE PLATAFORMA

EL EMPLEO EN LAS ECONOMÍAS DE PLATAFORMA

Por Giménez José María

Las  denominadas economías de plataformas abarcan una gran cantidad de actividades comerciales y sociales que son brindadas a través de  plataformas digitales que intermedian entre los agentes. Todo ello gracias a la incorporación de nuevas tecnologías, como el surgimiento de las aplicaciones móviles (apps), que facilitan la colaboración entre las personas y también actividades empresariales para poner en el mercado sus servicios y productos, reduciendo  de este modo los costos de transacción.

La introducción de éste modelo económico ha impactado en la organización de la producción y el empleo, generando así una transformación en el contrato de trabajo tradicional, adecuándose el mismo a las condiciones exigidas por las plataformas para operar, viéndose reducida todo tipo de negociación entre las partes, llámese contratista- cliente, o  empleador- empleado.

Es por ello, que el modelo de gestión de recursos humanos se ve notoriamente modificado. Especialmente porque “las funciones de organización y supervisión del trabajo se realizan a través de algoritmos que toman decisiones en base a la reputación de los usuarios-proveedores y/o permiten a estos mismos elegir las tareas que quieren realizar o por las que quieren competir”(1).

El fenómeno de las plataformas que ya data de más de una década en el mundo, es relativamente reciente en Argentina. Sin lugar a dudas las plataformas han venido para quedarse, implicando un desafío en la gestión de los recursos humanos existentes, aumentando las formas atípicas de trabajo, que se alejan de la concepción tradicional de empleo al que  estábamos acostumbrados. 

Es importante destacar que el derecho laboral considera la relación de trabajo bajo dependencia como una relación desigual entre el empleador y el trabajador. Ahora bien, ¿se puede constatar que esta relación desigual persiste en los vínculos entre trabajadores y plataformas? 

El debate se centra en analizar si, este particular  modelo de trabajo utiliza trabajadores autónomos, pseudo autónomos  o trabajadores por cuenta ajena, poniendo en evidencia que la normativa laboral ha quedado obsoleta o incompleta y  en todo caso habrá que adaptarla al trabajo de las plataformas digitales creando otra figura intermedia de trabajador “intermedio” entre el autónomo y el asalariado, con una protección laboral adecuada.

Un trabajador autónomo debe cumplir con ciertos requisitos tales como, inscribirse en el monotributo o contar con su propio vehículo para realizar el trabajo,  y aunque, éstos trabajadores a prima facie serían considerados autónomos, se encuentran con ciertas dificultades que giran en torno a la intermediación de la plataforma digital como por ejemplo: los pagos que realizan los clientes y las retribuciones que reciben los trabajadores, al igual que  con  la comunicación entre los trabajadores y los clientes y  la determinación del precio del producto y/o servicio.

La Ley de Contrato de Trabajo (LCT) regula de manera exclusiva el trabajo dependiente del sector privado y excluye por completo las actividades que se ejercen de forma independiente. La relación laboral se expresa principalmente en su carácter de dependencia.

Si bien es  la LCT la principal legislación que regula la actividad laboral, existen múltiples disposiciones que se han ido adoptando para aumentar el marco protectorio en el derecho laboral, y que, a pesar de esto, el trabajo realizado autónomamente  ha quedado afuera  de la  normativa laboral. Para este tipo de trabajo, el Código Civil y Comercial de la Nación, en su Art.  1251, define al contrato de obra o de servicios como “el acto en que el contratista o el prestador de servicios, realiza de manera independiente una actividad que puede ser una obra material, intelectual o proveer un servicio, a cambio de una retribución”. 

Hoy, la mayoría de los cámaras laborales tienden a descartar la existencia del contrato de servicios o del contrato de obra  y lo reemplazan por el contrato de trabajo teniendo en cuenta los siguientes puntos: la existencia de subordinación jurídica, económica y/o técnica; la perdurabilidad en el tiempo del cumplimiento de la prestación; el cumplimiento de órdenes, la percepción de sumas regulares y mensuales, correlatividad en la facturación, sometimiento al poder disciplinario y de dirección, el uso de ropa o elementos que individualizan a la empresa.

Es importante conocer  cómo funcionan las relaciones laborales que muchas veces presentan “zonas grises”, donde no está claro hasta qué punto se trata de un contrato de trabajo dependiente, de un contrato  de servicios o de obra regulado por el Código Civil, o una forma atípica de trabajo, excluido de toda normativa legal.

Si nos remitimos al Derecho comparado tenemos a  Brasil que  creó la figura del trabajador autónomo, a  Chile que  trata a las actividades independientes como a un trabajo y las incluye en el Código de Trabajo y a Estados Unidos  bajo un régimen federal, en donde el encuadramiento  de un  trabajo autónomo o no,  se va a regir por la normas y principios del common law, siendo los jueces quiénes  van a realizar dicha interpretación.  En España con una regulación más avanzada y novedosa existe el Estatuto del Trabajador Autónomo, definido como el “trabajo que realizan  de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona como , una actividad económica o profesional a título lucrativo, dando  o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena.” También  crea la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente, que es aquél en el que el 75% de sus ingresos provienen de un único empresario o cliente. 

Argentina, aún no ha dictado normas para este tipo de trabajo, si bien existe un proyecto de reforma de la LCT brindando protección, hoy es definido de forma residual, como todo aquello que no es trabajo subordinado. Lo cierto es que la mayoría de las modalidades de trabajo a través de plataformas digitales presentan algunas características que se aproximan al trabajo en relación de dependencia, pero también un mayor grado de flexibilidad y de autonomía que se aproximan al trabajo autónomo. Es por este motivo que a nivel mundial aún no se pueden aunar criterios  respecto de cuál es la manera adecuada de clasificar a estos trabajadores. 

En conclusión, en la actualidad existe una gran diferencia  entre los trabajadores de plataformas  y los trabajadores dependientes, ya que presentan ingresos carentes de estabilidad, menores posibilidades de capacitación y nulas posibilidades de representación sindical. Sin embargo, en un país como Argentina, con alta tasa de desempleo, esta modalidad de trabajo ha permitido  llegar a un gran número de individuos que se encuentran sin trabajo, implicando de este modo una alternativa para hacer frente a dicha situación. Sin lugar a dudas se  requiere de un marco protectorio, por lo que es de urgencia el debate legislativo.-

(1)“ Madariaga, J., Buenadicha, C., Molina, E. y Ernst, C. (2019). Economía de plataformas y empleo ¿Cómo es trabajar para una app en Argentina?, CIPPEC-BID – OIT. Buenos Aires, 2019.

Fuentes consultadas:

LA PRESIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO ARGENTINO

LA PRESIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO ARGENTINO

Por Gina Di Benedetto

El sector privado se ha visto azotado en los últimos años por el 106% que representa la tasa total de impuestos y contribuciones obligatorias (a nivel federal, estatal y local, junto con cualquier otra imposición que afecte a cuentas comerciales) que debe soportar una empresa local en nuestro país (el porcentual es expresado como una proporción de los beneficios).

De acuerdo con el ranking global, duplicaríamos el promedio de impuestos que aplican los países según la medición de la OCDE (40,4%).

La explicación  radica en múltiples aspectos a tener en cuenta, uno de ellos es la imposibilidad de las empresas locales de ajustar sus balances por inflación, el 35% del impuesto a las ganancias es nominal y en la realidad las firmas terminan pagando entre el 45%-50% final, ya que el Estado cobra impuestos sobre utilidades inexistentes al no permitir el ajuste inflacionario (y termina gravando “ganancias” que no existieron o hasta en casos, donde en realidad hubo pérdidas).

Superando la centena de tributos a nivel nacional, provincial y municipal la superposición de impuestos trae como consecuencia que la industria llegue a pagar, a veces, hasta tres impuestos diferentes sobre una misma base imponible.

Esto, repercute directamente en el consumidor final, quien termina pagando entre un 40%-50% más por los bienes y servicios que adquiera. 

Nuestras empresas se ven afectadas directamente en su posibilidad de salir a competir en el mercado, ven esfumada cualquier oportunidad de inversión y, con ello, se disminuye enormemente su desarrollo.

 La situación descripta ha afectado principalmente a pymes locales y a firmas de exportación manufacturera.

Con este panorama, el paquete de medidas de contención anunciadas por el Estado y dirigidas al sector privado resultan por demás insuficientes más en un contexto de recesión económica.

Como sugerencia, creemos se deben contemplar medidas que incluyan a los monotributistas, autónomos y cuentapropistas, quienes también son parte del sector más vulnerable frente a la crisis actual y no encuentran alivio en las medidas adoptadas hasta el momento.

Perseguimos que el  Estado ofrezca un paquete de medidas paliativas genuinas para así apoyar a los actores de la economía que pueden sacar al país adelante, siendo generadores de puestos de trabajo y posibilitando la impulsión de la producción nacional con el acompañamiento de una economía que les de contención y oportunidad de hacerlo.

Decidieron poner un freno la iniciativa gravar de forma extraordinaria las “altas rentas” a través de la creación del llamado «Impuesto Patria»

Decidieron poner un freno la iniciativa gravar de forma extraordinaria las “altas rentas” a través de la creación del llamado «Impuesto Patria»

Por Gina Di Benedetto

El oficialismo decidió “dar de baja” el proyecto presentado por los diputados de extracción sindical Hugo Yasky (CTA), Carlos Cisneros (La Bancaria) y Vanesa Siley (Judiciales)  de crear un impuesto que grave el 1.25% sobre los bienes que superen los 10 millones de pesos registrados en el país y de 1.75% en el exterior; alegando que decidieron unificar posturas y que va a haber un único proyecto del Frente de Todos que sea  «sensato, equilibrado y bien hecho», ya que la tentativa inicial carecía de técnica tributaria y padecía de términos jurídicos imprecisos, entre otras falencias.

El proyecto prometía, además, un impuesto del 10% de su declaración jurada a quienes tengan una rentabilidad superior a 50 millones de peso, el destino de la recaudación era material sanitario (que se  coparticipan con las provincias y éstas con los municipios) como nueva medida para afrontar la crisis económica causada por el Covid-19.

Ahora, el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, está al frente de un nuevo proyecto por encomendación del diputado Máximo Kirchner. Donde plantean gravar de manera “extraordinaria, retroactiva y por única vez» que igualmente abarcaría a los más de US$ 100 mil millones que se blanquearon en 2017. 

La medida que proponen ciertamente no sorteará el mecanismo de control de constitucionalidad, ya que estaría tomando como hecho imponible una exteriorización de riqueza previa a la sanción de la ley y ello representa una palmaria violación a los derechos, principios y garantías resguardados por nuestra Carta Magna.

Quienes se se acogieron a dicho régimen por ley del Congreso en 2016 (ley 27.260, Régimen de Sinceramiento Fiscal) ya han, han quedado liberados de cualquier clase de sanciones vinculadas a dicha operación, por lo que un impuesto retroactivo sería inaplicable conforme a nuestra Constitución Nacional.

Su implementación atentaría contra la seguridad jurídica (pilar insustituible de todo régimen republicano y democrático) de quienes recurrieron a esta amnistía para exteriorizar moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país o en el exterior -abonando asimismo un impuesto especial -cuya alícuota dependía de cada caso en particular-

La seguridad jurídica se encuentra íntimamente ligada a las garantías de la persona frente al Estado y se extiende tanto al derecho a la propiedad como al resto de las libertades positivas del hombre. Cuando un derecho se encuentra en nuestro dominio (i.e. derecho adquirido), es incuestionable el hecho de que ni el legislador mismo puede desapropiárnoslo con regulaciones a posteriori (como plantea hacer el Gobierno, cobrando a quienes adhirieron al blanqueo un plus de impuesto no previsto en la ley original).

Como dictaminó el Procurador General de la Nación, José O. Casás, en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Insúa, Juan Pedro 01/10/1987 LL 1988 B-215:

“La convalidación de un decreto de naturaleza impositiva inconstitucional, por una ley posterior, resulta igualmente violatoria del art. 17 de la Constitución Nacional, desde que el efecto retroactivo de la ley encuentra un valladar insorteable en una situación definitivamente creada al amparo de la legislación precedente.”(…)“… Quiero recordar las enseñanzas ya más que centenarias del inspirador y maestro de la Constitución Juan Bautista Alberdí (…): ‘Por el impuesto mal colocado, matáis tal vez un germen de riqueza nacional. Por el impuesto mal recaudado, eleváis la contribución de que forma un gasto adicional; atacáis la seguridad, formáis enemigos al gobierno, a la Constitución y al País, alejando las poblaciones asustadas de un fisco armado en nombre de la República de todas las herramientas de la inquisición. Las contribuciones, opuestas, los fines y garantías de la Constitución son contrarias precisamente al aumento del Tesoro Nacional, que según ellas tiene su gran surtidero en la libertad y en el bienestar general’.”

Así mismo, dicho impuesto vulneraría tanto el principio de capacidad contributiva la cual no debería medirse por el patrimonio que uno tiene hoy en base a algo que se hizo en 2017, como el principio de igualdad, porque el hecho de haber adherido al régimen de sinceramiento fiscal en el pasado no significa una mayor capacidad contributiva. La medida propone, sin límite de tiempo, un impuesto suplementario a la ganancia del 10%, que se suma al 35% al que ya está gravada, ello hace un total de 45%, lo que confiscatorio a todas luces.

Por lo expuesto, creemos que, si se aprobara la implementación de esta medida tributaria categóricamente inconstitucional, tendría como consecuencia -entre otras- un enorme menoscabo de la confianza de la población en el Estado y, los contribuyentes, (remarcando que afectaría no sólo a la clase alta si no, también, a la clase media) no recurrirán nuevamente a este tipo de recursos recaudatorios como son los sinceramientos fiscales. Creemos que este temor y desconfianza podría, además, conllevar nuevamente a una fuga de capitales y a la salida las pocas empresas multinacionales que aún apuestan en el país (sin mencionar que es un repelente para cualquiera nueva inversión o emprendimiento).

El Gobierno debería recurrir a un nuevo blanqueo en lugar de gravar los a los activos ya blanqueados, a causa de que una enorme porción de la masa gravable de recursos aún se encuentra sin declarar y deberían implementarse medidas para que éstos sean sincerados. Así, en una etapa posterior a la crisis causada por la pandemia, se procedan a implementar diferentes regulaciones para disminuir esta agobiante carga impositiva global que es asfixiante para los contribuyentes y genera de esta situación de ocultación de activos, impactando directamente las arcas del Estado.

MODIFICACIÓN DEL DECRETO 332/2020 SOBRE LAS MEDIDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA

MODIFICACIÓN DEL DECRETO 332/2020 SOBRE LAS MEDIDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA

Por Candelaria Sartori

Mediante el Decreto 347/20, publicado el pasado 6 de abril, el Gobierno Nacional modificó el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción regulado en el decreto 332/20.

A continuación, las principales modificaciones:

Se crea el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción, que estará integrado por los titulares de los Titulares de los Ministerios de Desarrollo Productivo, Economía y Trabajo, y de la AFIP. El mismo, junto con el Jefe de Gabinete de Ministros definirá los criterios técnicos y dictaminará respecto de la procedencia y alcance de los pedidos que se realicen para acogerse a los beneficios contemplados en decreto 332/20.

Asimismo, el primer decreto excluía en su artículo 4º a los sujetos que realizan las actividades y servicios esenciales en la emergencia sanitaria y cuyo personal fue exceptuado del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el decreto 297/2020. En la modificación, se mantiene la exclusión, pero sin embargo, se contempla que atendiendo a especiales circunstancias que hubieran provocado alto impacto negativo en el desarrollo de su actividad o servicio, estos sujetos pueden presentar la solicitud para ser alcanzados por los beneficios previstos y el Jefe De Gabinete De Ministros, previo dictamen del Comité De Evaluación y  Monitoreo Del Programa De Asistencia De Emergencia Al Trabajo y La Producción, fundamentado en criterios técnicos, podrá aceptar o negar tales pedidos.”

Se dispone además, que el Jefe de Gabinete de Ministros decidirá respecto de la procedencia y alcance de los pedidos que se realicen, pero con previo dictamen fundamentado con base en criterios técnicos del Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción ”.

Este comité, junto con el Jefe de Gabinete de Ministros decidirá respecto de la procedencia y alcance de los pedidos que se realicen para acogerse a los beneficios contemplados en decreto 332/20.

Al margen de las aclaraciones y modificaciones realizadas al decreto, consideramos que el Programa continúa siendo una norma sumamente general y programática, que sin lugar a dudas requerirá de una reglamentación adecuada en varios aspectos, desde la reglamentación del procedimiento preventivo de crisis, previsto para la postergación o reducción del SIPA en casos de empresas con más de 60 empleados, hasta la forma de acreditar la situación o circunstancia especial de cada empresa para poder acceder al beneficio. 

Indudablemente, el mundo del trabajo actual nos presenta diversos desafíos, y en estas circunstancias es necesario implementar un marco legal que sea preciso, que brinde seguridad y que se adapte a los permanentes cambios laborales que estamos atravesando día a día.

FUENTE:  https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227511/20200406

BIENES PERSONALES EN EL EXTERIOR: nuevas medidas adoptadas por el Gobierno

BIENES PERSONALES EN EL EXTERIOR: nuevas medidas adoptadas por el Gobierno

En el marco de medidas tomadas por el Poder Ejecutivo Nacional, frente a la situación actual, se decidió la prórroga  (a través del decreto 330/2020 publicado en el B.O.) hasta el día 30 de abril del corriente año del plazo para que los contribuyentes que posean fondos en el extranjero puedan repatriarlos con el beneficio de la exención del aumento de la alícuota sobre bienes situados fuera del país.

Por su parte, AFIP convalidó la prórroga hasta el 6 de mayo próximo para pagar el adelanto del impuesto sobre Bienes Personales en el exterior, acompañado de la extensión de la feria fiscal hasta el día 12 del corriente mes, ver RG. 4691 y 4692/2020 (correspondientemente) publicadas también en el B.O.

Durante la vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio se mantendrá la suspensión del cómputo de los plazos vigentes para los distintos procedimientos administrativos que se encuentren llevándose a cabo (sumarios, clausuras, DTO, requerimientos fiscales, entre otros).

Vale remarcar que, la medidas adoptadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos, no implican la modificación del esquema de alícuotas para el anticipo.

El monto a ingresar está determinado como un porcentaje entre 0,1% y 0,5% del total de los bienes declarados en el extranjero. El pago a cuenta no puede compensarse con saldos de libre disponibilidad.

Deberemos tener en cuenta que,  quienes realicen la repatriación y siempre y cuando, dichos importes permanezcan por depositados en una cuenta abierta a nombre de su titular en entidades bancarias autorizadas, hasta el 31 de diciembre de este año quedarán exceptuados del pago a cuenta y, en consecuencia, tampoco

deberán abonar las alícuotas diferenciales del impuesto sobre los bienes personales para los activos en el exterior.

Que sucede ante un incumplimiento? Cuando los contribuyentes que realizaron una solicitud de eximición del ingreso del pago a cuenta, no cumplan con la repatriación o los plazos de permanencia, la obligación correspondiente al pago a cuenta volverá a ser exigible junto con intereses resarcitorios.

Consideramos que estas medidas darán posibilidad al contribuyente  de evaluar, analizar y adoptar la decisión que estimen más conveniente, y permitirá a los profesionales intervinientes disponer de un plazo adicional para dar un adecuado asesoramiento al caso.