Home Office: Protección de Datos Personales

Home Office: Protección de Datos Personales

Por Candelaria Sartori

Uno de los tantos desafíos que se plantean a partir del aislamiento social obligatorio establecido por el DNU 297/2020, es la implementación de la modalidad home office, junto con sus grandes beneficios, como la posibilidad de continuar de manera normal con las actividades diarias, pero también junto con peligros que la misma acarrea y con los que no estamos acostumbrados a lidiar.

Mas allá de los problemas a nivel técnico que puedan surgir, como la falta de herramientas o desconocimiento de este “nuevo” medio por parte del personal,  el mayor problema que se plantea para numerosas empresas es el de la inseguridad de datos.

Debemos destacar que la protección de datos personales, está amparada y regulada en la Legislación Argentina por la Ley 25.326 que define como “Información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables” a los datos personales. La ley reconoce que los mismos no podrán ser utilizados ni registrados sin su consentimiento. Como complemento de protección, brinda la posibilidad de iniciar una acción judicial para conocer los datos propios o exigir la rectificación, supresión, confidencialidad o actualización de los mismos.

Recordemos que el Código Penal incorpora mediante la ley 26.388, en su artículo 153 bis la pena de prisión de 15 días a 6 meses, a quien “a sabiendas accediere por cualquier medio, sin la debida autorización o excediendo la que posea, a un sistema o dato informático de acceso restringido”. La pena se agrava cuando el dato informático provenga de un organismo público estatal o de un proveedor de servicios públicos o de servicios financiero. Además mediante la Ley 27.411 se aprueba el Convenio sobre Ciberdelito (Convenio de Budapest sobre Ciberdelito) que tiene como objetivo crear una política penal común para proteger a la sociedad frente a la ciberdelincuencia. 

El plexo normativo citado no tiene otra intención, más que conocer que existe forma de protegernos frente a tales embates. 

El uso de los dispositivos o herramientas digitales “hogareñas” hace vulnerable la seguridad informática de la empresa, ya que no cuentan con el resguardo adecuado con el que se cuenta en los equipos dentro de la empresa.  Para evitar cualquier imprevisto, se sugiere que la empresa cuente con una Política de Privacidad y de uso de herramientas digitales, en donde esté contemplado el uso de la modalidad home office, y que se instruya a los empleados de la misma, verificando y controlando el cumplimiento regularmente.

En este sentido, distintos organismos  brindan algunas recomendaciones para poder operar con mayor seguridad, como por ejemplo, la protección de todos los dispositivos personales con una contraseña, que las mismas cuenten con mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, y cambiar las mismas cada 60 días. Además se sugiere la lectura de las condiciones de uso de los datos personales tanto en redes sociales como apps.

Asimismo, resulta necesario contar con una conexión segura, tratar de evitar las redes inalámbricas públicas o wifi desconocidos, y realizar siempre una navegación segura al utilizar páginas HTTPS.

La cuestión no es menor, tal así que, a modo de ejemplo, las videoconferencias, una herramienta vital para las empresas que realizan home office, se incrementaron un 110% en los primeros dos días del aislamiento social obligatorio.  Lo que termina por determinar a ciertos organismos a brindar algunos consejos para proteger los datos personales en las distintas plataformas de videollamadas. Como primera medida, se recomienda leer las políticas de privacidad y condiciones de las aplicaciones móviles o plataformas que vas a usar y destaca que las mismas, deben requerir consentimiento para tratar datos personales y debe ser por escrito u otro medio similar, de manera clara y sencilla.

En el caso que una videollamada sea grabada, debe ser informado previamente, de manera explícita y concreta, junto con el fin del uso de esas imágenes. La misma además, recomienda, el uso de plataformas que permiten poner contraseña a las salas o llamadas, además de una identificación (ID) que solo tienen las personas invitadas a participar.

El objetivo de la presente ha sido brindar recomendaciones acerca de la protección de datos personales. La modalidad Home Office traerá un sinnúmero de avances siempre que se persiga la disminución del riesgo que, en días de uso masivo, aumentan exponencialmente. Es un desafío tanto para empleadores como para empleados informarse sobre el correcto uso de los dispositivos para evitar cualquier imprevisto que pueda provocar la pérdida o violación de datos relevantes para cada empresa.

EL EMPLEO EN LAS ECONOMÍAS DE PLATAFORMA

EL EMPLEO EN LAS ECONOMÍAS DE PLATAFORMA

Por Giménez José María

Las  denominadas economías de plataformas abarcan una gran cantidad de actividades comerciales y sociales que son brindadas a través de  plataformas digitales que intermedian entre los agentes. Todo ello gracias a la incorporación de nuevas tecnologías, como el surgimiento de las aplicaciones móviles (apps), que facilitan la colaboración entre las personas y también actividades empresariales para poner en el mercado sus servicios y productos, reduciendo  de este modo los costos de transacción.

La introducción de éste modelo económico ha impactado en la organización de la producción y el empleo, generando así una transformación en el contrato de trabajo tradicional, adecuándose el mismo a las condiciones exigidas por las plataformas para operar, viéndose reducida todo tipo de negociación entre las partes, llámese contratista- cliente, o  empleador- empleado.

Es por ello, que el modelo de gestión de recursos humanos se ve notoriamente modificado. Especialmente porque “las funciones de organización y supervisión del trabajo se realizan a través de algoritmos que toman decisiones en base a la reputación de los usuarios-proveedores y/o permiten a estos mismos elegir las tareas que quieren realizar o por las que quieren competir”(1).

El fenómeno de las plataformas que ya data de más de una década en el mundo, es relativamente reciente en Argentina. Sin lugar a dudas las plataformas han venido para quedarse, implicando un desafío en la gestión de los recursos humanos existentes, aumentando las formas atípicas de trabajo, que se alejan de la concepción tradicional de empleo al que  estábamos acostumbrados. 

Es importante destacar que el derecho laboral considera la relación de trabajo bajo dependencia como una relación desigual entre el empleador y el trabajador. Ahora bien, ¿se puede constatar que esta relación desigual persiste en los vínculos entre trabajadores y plataformas? 

El debate se centra en analizar si, este particular  modelo de trabajo utiliza trabajadores autónomos, pseudo autónomos  o trabajadores por cuenta ajena, poniendo en evidencia que la normativa laboral ha quedado obsoleta o incompleta y  en todo caso habrá que adaptarla al trabajo de las plataformas digitales creando otra figura intermedia de trabajador “intermedio” entre el autónomo y el asalariado, con una protección laboral adecuada.

Un trabajador autónomo debe cumplir con ciertos requisitos tales como, inscribirse en el monotributo o contar con su propio vehículo para realizar el trabajo,  y aunque, éstos trabajadores a prima facie serían considerados autónomos, se encuentran con ciertas dificultades que giran en torno a la intermediación de la plataforma digital como por ejemplo: los pagos que realizan los clientes y las retribuciones que reciben los trabajadores, al igual que  con  la comunicación entre los trabajadores y los clientes y  la determinación del precio del producto y/o servicio.

La Ley de Contrato de Trabajo (LCT) regula de manera exclusiva el trabajo dependiente del sector privado y excluye por completo las actividades que se ejercen de forma independiente. La relación laboral se expresa principalmente en su carácter de dependencia.

Si bien es  la LCT la principal legislación que regula la actividad laboral, existen múltiples disposiciones que se han ido adoptando para aumentar el marco protectorio en el derecho laboral, y que, a pesar de esto, el trabajo realizado autónomamente  ha quedado afuera  de la  normativa laboral. Para este tipo de trabajo, el Código Civil y Comercial de la Nación, en su Art.  1251, define al contrato de obra o de servicios como “el acto en que el contratista o el prestador de servicios, realiza de manera independiente una actividad que puede ser una obra material, intelectual o proveer un servicio, a cambio de una retribución”. 

Hoy, la mayoría de los cámaras laborales tienden a descartar la existencia del contrato de servicios o del contrato de obra  y lo reemplazan por el contrato de trabajo teniendo en cuenta los siguientes puntos: la existencia de subordinación jurídica, económica y/o técnica; la perdurabilidad en el tiempo del cumplimiento de la prestación; el cumplimiento de órdenes, la percepción de sumas regulares y mensuales, correlatividad en la facturación, sometimiento al poder disciplinario y de dirección, el uso de ropa o elementos que individualizan a la empresa.

Es importante conocer  cómo funcionan las relaciones laborales que muchas veces presentan “zonas grises”, donde no está claro hasta qué punto se trata de un contrato de trabajo dependiente, de un contrato  de servicios o de obra regulado por el Código Civil, o una forma atípica de trabajo, excluido de toda normativa legal.

Si nos remitimos al Derecho comparado tenemos a  Brasil que  creó la figura del trabajador autónomo, a  Chile que  trata a las actividades independientes como a un trabajo y las incluye en el Código de Trabajo y a Estados Unidos  bajo un régimen federal, en donde el encuadramiento  de un  trabajo autónomo o no,  se va a regir por la normas y principios del common law, siendo los jueces quiénes  van a realizar dicha interpretación.  En España con una regulación más avanzada y novedosa existe el Estatuto del Trabajador Autónomo, definido como el “trabajo que realizan  de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona como , una actividad económica o profesional a título lucrativo, dando  o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena.” También  crea la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente, que es aquél en el que el 75% de sus ingresos provienen de un único empresario o cliente. 

Argentina, aún no ha dictado normas para este tipo de trabajo, si bien existe un proyecto de reforma de la LCT brindando protección, hoy es definido de forma residual, como todo aquello que no es trabajo subordinado. Lo cierto es que la mayoría de las modalidades de trabajo a través de plataformas digitales presentan algunas características que se aproximan al trabajo en relación de dependencia, pero también un mayor grado de flexibilidad y de autonomía que se aproximan al trabajo autónomo. Es por este motivo que a nivel mundial aún no se pueden aunar criterios  respecto de cuál es la manera adecuada de clasificar a estos trabajadores. 

En conclusión, en la actualidad existe una gran diferencia  entre los trabajadores de plataformas  y los trabajadores dependientes, ya que presentan ingresos carentes de estabilidad, menores posibilidades de capacitación y nulas posibilidades de representación sindical. Sin embargo, en un país como Argentina, con alta tasa de desempleo, esta modalidad de trabajo ha permitido  llegar a un gran número de individuos que se encuentran sin trabajo, implicando de este modo una alternativa para hacer frente a dicha situación. Sin lugar a dudas se  requiere de un marco protectorio, por lo que es de urgencia el debate legislativo.-

(1)“ Madariaga, J., Buenadicha, C., Molina, E. y Ernst, C. (2019). Economía de plataformas y empleo ¿Cómo es trabajar para una app en Argentina?, CIPPEC-BID – OIT. Buenos Aires, 2019.

Fuentes consultadas: