LOS DENOMINADOS “CONTRATOS ELECTRÓNICOS”

LOS DENOMINADOS “CONTRATOS ELECTRÓNICOS”

Por Agustin Martinez Plinio

Los avances de la tecnología y su necesaria utilización en tiempos de aislamiento social han reavivado la trascendencia actual de aquellos acuerdos de voluntades que son concretados utilizando medios de comunicación informáticos. Innumerables ventajas nos brinda este tipo de contratación, sobretodo en materia de celeridad, lo que trae aparejado situaciones de relevancia práctica y jurídica a solucionar.-

Antes que nada, nos preguntamos ¿cuando estamos frente a un contrato electrónico? creemos que lo central pasa por captar de qué manera se ha obtenido el consentimiento de las partes. Es decir, el CCCN nos enseña que el perfeccionamiento del contrato se da mediante la aceptación de una oferta ya sea de manera inmediata (cuando estamos frente a un contrato entre presentes) o cuando esa aceptación es recibida por el oferente (contratos entre ausentes).  Ahora bien, el “medio” del cual se valdrán las partes para manifestar su voluntad y así lograr el afamado consentimiento es el que determinará que nos encontramos frente a un “contrato electrónico” o contrato “por medio informático”.-

Aclaramos, adentrándonos en el análisis, que los contratos electrónicos no deben confundirse con los informáticos. Los contratos informáticos son aquellos cuyo objeto recae sobre bienes y/o servicios informáticos tales como la adquisición, licencia de uso, etc de hardware o software. En cambio, en los contratos electrónicos nos centramos en la formación del consentimiento a través de medios informáticos.-

Teniendo en cuenta lo arriba diferenciado, será también de utilidad distinguir dos situaciones a los fines de dilucidar la normativa aplicable. Por un lado, aquellos contratos electrónicos que se perfeccionan de manera instantánea, por mas que sean a la distancia, ya que se cumlple con el requisito de la “inmediatez”(1). El art. 974 del CCCN expresamente dispone que la oferta realizada por un medio de comunicación instantáneo solo puede ser aceptada en simultáneo. Por otro lado, nos encontramos frente a los contratos electrónicos en los que media un lapso de tiempo entre la oferta y la aceptación(2), se los reputará como contratos entre ausentes, es decir, al momento en que se reciba la aceptación se perfeccionará el contrato.-

Continuando con el desarrollo, no debemos perder de vista el encuadre clasificatorio del contrato. Dependiendo las partes y la formación del consentimiento, estaremos frente a un contrato: a) paritario (es decir, negociado en equivalencia de condiciones); b) de adhesión o c) de consumo.-

Si estamos frente a un contrato electrónico de adhesión (que puede o no ser de consumo) serán de aplicación las reglas relativas a los arts. 984 y siguientes del CCCN. ¿Que implica? Los contratos por adhesión se caracterizan en que la parte aceptante solo decide adherirse a la voluntad previamente expresada por el oferente, con cláusulas pre redactadas de manera genérica. La normativa va a exigir, para que dichos contratos sean válidos, que las cláusulas que contenga el contrato sean: a) Comprensibles: clara y fácilmente legibles. En idioma nacional, salvo contratación internacional. b) Autosuficientes: completa, debe bastarse a sí misma, no debe remitir a otros documentos. La interpretación ante ambigüedades será contraria al predisponente y se tendrán por no escritas las denominadas “cláusulas abusivas”.-

La contratación electrónica acentúa las características de los contratos por adhesión, solo el hecho de poder perfeccionar un contrato presionando la tecla enter, “clickeando”, tocando una pantalla táctil o apretando un botón de una consola de videojuegos nos determina la imposibilidad de aclarar lo más mínimo. Las cláusulas negociadas en particular, serán la excepción.-

En la misma categoría, podemos incluir la figura análoga de los contratos “shrink-wrap” aquellos donde el adherente realmente se ve desprotegido ya que ni siquiera accede de manera inmediata a la información sino que le son acercados una vez perfeccionado el contrato. Los clásicos ejemplos vienen de la mano de la compra de programas de software cuando, una vez que aceptamos la compra (perfeccionamos el contrato), se nos muestran los términos y condiciones. 

Respecto a los contratos de consumo, que serán mayoría en contratacion electrónica, se encuentran regulados específicamente en el CCCN (art. 1092 y ss) y en la Ley de defensa al Consumidor. Son aquellos contratos celebrados entre un proveedor y un consumidor. Se considera al consumidor como la parte “débil”  de la relación siendo aquella que adquiere o utiliza un bien o servicio como destinatario final. 

En materia de consumo ya encontramos regulación específica por cuanto el CCCN los considera contratos celebrados bajo “modalidades especiales” aclarando que, serán reputados como contratos celebrados a distancia cuando no hay presencia física simultánea. El acierto viene de la mano de equiparar el soporte el electrónico al soporte papel para el caso en que se requiere como formalidad que el contrato sea por escrito dando lugar a la afamada “despapelización”. Aún así, de surgir cualquier tipo de conflicto ¿tendrá igual fuerza probatoria que un documento papel? debería, aunque comúnmente las actualizaciones e innovaciones legislativas tienen un efecto paulatino en los operadores jurídicos. 

Las implicancias prácticas serán, entre otras, la flexibilización del derecho a revocar el contrato, lo que podrá ser realizado sin causa alguna, la obligatoriedad de las ofertas durante todo el tiempo en que sean visibles para el destinatario y el deber de información agravado. A todo ello debe sumarse la protección del consumidor a través de la ley 24240 y la especial aplicación de los principios consumeriles.-

La normativa en favor del consumidor hará las veces de manto protector por cuanto existirá cierta flexibilidad probatoria e interpretación más favorable al consumidor. Incluso, podrá darse lugar a los reclamos de daños y perjuicios, y, entre ellos, reclamarse daño moral. A modo de ejemplo, vemos como la Cam 6ta civil y comercial de Córdoba hace lugar “… Establecido que el daño fue el resultado del incumplimiento de la empresa demandada de sus deberes de información, trato digno y por la falta de reconocimiento del irrenunciable derecho de la consumidora a la revocación del contrato celebrado por medios electrónicos, el daño moral de la actora surge evidente de la circunstancia probada referida a los diferentes reclamos que debió realizar tanto ante la empresa como en la Dirección de Defensa del Consumidor, sin respuesta satisfactoria…”(3).-

Habiendo repasado, en acotado resumen, la ubicación de cada contrato electrónico en las distintas clasificaciones, nos centramos ahora en aclarar algunas cuestiones genéricas relativas a la forma. La regla, establecida en el art. 284 del CCCN y ratificada en materia contractual en el art. 1015, consagra la libertad de formas en los actos jurídicos (incluidos los contratos) salvo excepciones legales o convencionales. Los instrumentos pueden o no estar firmados, la firma acredita que la persona ha manifestado su voluntad. entonces nos cabe preguntarnos ¿qué tipo de firmas conocemos? suelen confundirse entre sí. 

La firma ológrafa será la manuscrita, aquella que consista en un nombre o un signo de su autor. Distinta a la firma digital, que puede reemplazarla en los instrumentos electrónicos, y que la Ley de Firma Digital la define como: “resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma.”  como podemos observar, la firma digital es un complejo procedimiento que acredita autoría del instrumento y a su vez es un concepto jurídico. 

Por último, encontramos la firma electrónica, distinta a las dos anteriores. Será, según la misma ley, aquel conjunto de datos asociados a otros datos utilizado por el signatario como su medio de identificación (ej: cuando vemos la firma inserta por medios electrónicos en el documento), lo central radica en que la firma electrónica no cuenta con las certificaciones de la firma digital por lo que habrá que acreditar la autoría del instrumento por otros medios.-

Habiendo dado un panorama general acerca de las distintas situaciones que se nos presentan frente a la contratación electrónica podemos concluir en que contamos con las herramientas necesarias para afrontar los cambios que se dan día a día. Sin perjuicio de ello, deberá la legislación mantenerse actualizada, acompañar y proteger a las partes. Creemos podría mejorarse la técnica legislativa ya que ciertas cuestiones, como vimos anteriormente, han sido receptadas solo en materia consumeril y no para la generalidad de los contratos.- 

  1.  vgr. Contratos perfeccionados utilizando skype, zoom, whatsapp u otras plataformas que permitan contacto directo.
  2. vgr. Se envía una oferta por correo electrónico.-
  3.  Tribunal: Cámara 6a Civil y Comercial, Córdoba: Autos: «Álvarez, Beatriz c/ Falabella SA – Abreviado – Otros – Recurso de Apelación (Expte. Nº 02644308/36)»Sentencia Nº: 9. Fecha: 22/02/2017

Bibliografía consultada:

DNU 332/2020: MEDIDAS ECONOMICAS PARA EL SECTOR EMPRESARIAL

DNU 332/2020: MEDIDAS ECONOMICAS PARA EL SECTOR EMPRESARIAL

En el marco de las medidas que el Gobierno Nacional está implementando para hacer frente a la emergencia social y económica, y después de recientemente haber aprobado el decreto que prohíbe temporalmente los despidos, finalmente, a través del DNU 332/2020 publicado en el día de ayer, se dispuso la creación de un Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, que contempla diversos beneficios para el sector empresarial y tiene como objetivo aliviar la situación de las empresas que se encuentran imposibilitadas de trabajar como consecuencia del aislamiento social y obligatorio. 

El mismo tendrá vigencia desde el 1 de abril de 2020 y resultará de aplicación respecto de los resultados económicos de las empresas ocurridos entre el 20 de marzo y el 30 de abril de 2020, inclusive. Sin embargo, la Jefatura de Gabinete de Ministros tendrá la facultad de extender la vigencia de las medidas del decreto.

El decreto incluye diversos beneficios, y podrán acceder a estos aquellos sujetos que posean actividades económicas afectadas en forma crítica en las zonas geográficas donde se desarrollan, tengan una cantidad relevante de trabajadores y trabajadoras contagiadas por el COVID 19 o en aislamiento obligatorio o con dispensa laboral por estar en grupo de riesgo u obligaciones de cuidado familiar relacionadas al COVID 19 y/o hayan experimentado una  sustancial reducción en sus ventas con posterioridad al 20 de marzo de 2020. El decreto establece que los empleadores alcanzados por los beneficios deberán acreditar ante la AFIP, la nómina del personal alcanzado y su afectación a las actividades alcanzadas.

Asimismo, no podrán acceder a los beneficios los sujetos que realizan las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia sanitaria y cuyo personal fue exceptuado del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” establecido por el Decreto 270/2020 y los sujetos que sin encontrarse expresamente estipuladas en las normas antedichas no exterioricen indicios concretos que permitan inferir una disminución representativa de su nivel de actividad.

El primer beneficio que contempla es la “Postergación o reducción del SIPA” de hasta el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del pago de las contribuciones patronales al SIPA. A este fin, con respecto a la postergación, se autoriza a AFIP a disponer vencimientos especiales para el pago de las contribuciones patronales al SIPA devengadas durante los meses de marzo y abril del año en curso. En cuanto a la reducción, se prevé que este beneficio será establecido por la Jefatura de Gabinete de Ministros en función de los parámetros que defina la normativa a dictarse. Este beneficio será para empleadores y empleadoras cuyo número total trabajadores en relación de dependencia, al 29 de febrero de 2020, no supere la cantidad de SESENTA (60). Para los empleadores cuyo  personal en relación de dependencia supere dicha cantidad, en las condiciones allí establecidas, deberán, a los efectos de gozar del mencionado beneficio, promover el Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresas.

Por otro lado, se dispone de una “Asignación Compensatoria al Salario” abonada por el Estado para todos los trabajadores y en relación de dependencia del sector privado, para empresas de hasta CIEN (100) trabajadores. El monto de la asignación se determinará de acuerdo a los siguientes parámetros:

  • Para los empleadores y empleadoras de hasta VEINTICINCO (25) trabajadores o trabajadoras: CIEN POR CIENTO (100%) del salario bruto, con un valor máximo de UN (1) Salario Mínimo Vital y Móvil vigente.
  • Para los empleadores o empleadoras de VEINTISÉIS (26) a SESENTA (60) trabajadores o trabajadoras: CIEN POR CIENTO (100%) del salario bruto, con un valor máximo de hasta un SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente.
  • Para los empleadores o empleadoras de SESENTA Y UN (61) a CIEN (100) trabajadores o trabajadoras:CIEN POR CIENTO (100%) del salario bruto, con un valor máximo de hasta un CINCUENTA (50%) del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente.

De igual modo, establece el programa “REPRO”, para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, en empleadores que superen los CIEN (100) trabajadores,  el cual consiste en una asignación no contributiva respecto al SIPA abonada por el Estado a través del Programa de Recuperación Productiva a cargo del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, para empresas no alcanzadas por el beneficio de la “Asignación Compensatoria al Salario” . La prestación por trabajador tendrá un mínimo de PESOS SEIS MIL ($6.000) y un máximo de PESOS DIEZ MIL ($10.000). 

Por último, dispone de un “Sistema integral de prestaciones por desempleo”, mediante el cual se prevé que se eleven los montos de las prestaciones económicas por desempleo a un mínimo de PESOS SEIS MIL ($6.000) y un máximo de PESOS DIEZ MIL ($10.000).

Debemos tener en cuenta que, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, considerará la información y documentación remitidas por la empresa, podrá relevar datos adicionales que permitan ampliar y/o verificar los aportados inicialmente y solicitar la documentación que estime necesaria, podrá disponer la realización de visitas de evaluación a la sede del establecimiento, a efectos de ratificar y/o rectificar conclusiones.

Fuente: Boletin Oficial

CRIPTOMONEDAS: una breve aproximación legal

CRIPTOMONEDAS: una breve aproximación legal

De pronto los argentinos nos topamos con una situación única en la historia, apelando a los libros no hay antecedentes de cuarentenas totales, aún en los casos la polio, fiebre amarilla, y demás epidemias que acontecieron en nuestro territorio. Esta situación claramente nos llevó a varios a cambiar nuestro hábitos de trabajo y de ocio, quedando exceptuados aquellos que están en la línea de batalla contra la pandemia y que gracias a ellos nosotros podemos estar en casa pensando, entre otras cosas, algo de de lo que pasaré explicar brevemente.

Seguramente en estos momentos, nos hemos replanteado cambiar de trabajo, cambiar forma de trabajo, hacer un curso, gimnasia, aprender un idioma, empezar un libro, invertir… Si uno bucea en el mundo digital la palabra inversiones, probablemente aparezca “criptomonedas” como una novedad para varios, sin perjuicio de que el término se acuño finalizado los años 90, es recién en 2009 con la creación de Bitcoin (de la mano de “Satoshi Nakamoto”) aparece la primera “cripto”, para luego dar a lugar a otras muchas de su especie. 

Si buscamos una definición de criptomonedas, no vamos a encontrarla en el diccionario de la Real Academia, pero podemos tomar otras definiciones que intentan explicar en palabras simples lo que significa el concepto. Así el diccionario de Oxford, incluyó la definición de su traducción en inglés (cryptocurrency) como: “Una moneda digital que emplea técnicas de cifrado para reglamentar la generación de unidades de moneda y verificar la transferencia de fondos, y que opera de forma independiente de un banco central”. Y por su parte el diccionario de Cambridge como “Una moneda digital producida por una red pública en lugar de cualquier gobierno, que utiliza la criptografía para asegurar que los pagos se envían y reciben de forma segura.”

Claramente el objetivo de este breve artículo es reseñar el marco normativo de las criptomonedas a la luz de la Regulación Argentina, sin adentrarse en cuestiones tecnicas que escapan a nuestra labor como asesores jurídicos.  

En primer lugar debemos remarcar que para nuestra legislación no puede considerarse la criptomoneda como MONEDA, debido a que no cumple con los requisitos establecidos por la autoridad monetaria, es decir el BCRA, al no adecuarse a los recaudos exigidos por el art. 30 de la Carta Orgánica la entidad que son: 1) que el emisor del instrumento imponga el curso legal respecto del instrumento y 2) la existencia de un valor nominal fijado al instrumento.

Por lo que para nuestro entendimiento, y sin perjuicio de que autores lo consideran de otra naturaleza, como por ejemplo títulos valores, nos parece más acertado considerarlo (por ahora…) como un BIEN conforme el art. 16 del Código Civil y Comercial, más como bienes inmateriales, lo que claramente tiene un valor económico o de mercado (Vgr. 1 Bitcoin equivale a más de $400.000).-

Comprendido en el concepto de bienes con valor económico, y además generadores de riqueza y renta, los Estados (el nuestro incluído) han incursionado en darle un marco normativo que claramente no puede influir en su emisión y control porque se crearon justamente ajenas a ser susceptibles de “ser reguladas”, pero lo que si pueden hacer los Estados es establecer ciertas condiciones y regulaciones a los tenedores de esos bienes y a quienes hacen “trading” e intercambios. 

Adentrándonos en nuestro ordenamiento jurídico, el marco regulatorio se nutre de varios “jugadores” que interactúan entre sí para darle cierto encuadre a las criptomonedas. La UIF en al resolución 300 del año 2014 establece que los “sujetos obligados” deberán informar cualquier operación, sin importar el monto, que se realice con criptomonedas. Así por ejemplo, en el caso de un Escribano (sujeto obligado de informar ante la UIF) que sea requerido para intervenir en la compraventa de un inmueble en donde el precio a pagar sea convenido en bitcoin, estará obligado a informar a ante la UIF el detalle de la operación y los sujetos intervinientes.

Asimismo la UIF en esa misma resolución nos da una primera definición para nuestro ordenamiento, entendiendo a las monedas virtuales como “la representación digital de valor que puede ser objeto de comercio digital y cuyas funciones son la de constituir un medio de intercambio, y/o una unidad de cuenta, y/o una reserva de valor, pero que no tienen curso legal, ni se emiten, ni se encuentran garantizadas por ningún país o jurisdicción. En este sentido las monedas virtuales se diferencian del dinero electrónico, que es un mecanismo para transferir digitalmente monedas fiduciarias, es decir, mediante el cual se transfieren electrónicamente monedas que tienen curso legal en algún país o jurisdicción”. 

Por su parte la ley 27.430, relacionada con el Impuesto a las Ganancias, nos trae en su artículo 2 inc. 4 lo siguiente:

ARTÍCULO 2°.- A los efectos de esta ley son ganancias, sin perjuicio de lo dispuesto especialmente en cada categoría y aun cuando no se indiquen en ellas:…..

4) los resultados derivados de la enajenación de acciones, valores representativos y certificados de depósito de acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales —incluidas cuotapartes de fondos comunes de inversión y certificados de participación de fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares—, monedas digitales, Títulos, bonos y demás valores, cualquiera sea el sujeto que las obtenga…

Por lo que se gravan con el impuesto a las ganancias la renta obtenida por inversiones en criptomonedas. Párrafo aparte merecería la relación entre las criptomonedas y el impuesto a las bienes personales, tratamiento que dejaré a los expertos en materia tributaria y contable.

En resumidas cuentas, la ley Argentina no prohíbe las operaciones con criptomonedas, siempre que la misma se encuadre dentro de lo que establece el BCRA, la UIF y AFIP. Es más, la reconocen como tal y establecen criterios impositivos y de control. Lo que consideramos aún pobre es un marco regulatorio donde se le de mayor entidad normativa a las criptomonedas, con una regulación que favorezca su circulación dando ciertas prerrogativas y obligaciones a quienes participan en las mismas, pudiendo de esa manera enaltecer su categoría para dejar de ser solamente un bien inmaterial, y lograr dar seguridad jurídica a las personas que operan con las mismas. 

Fuente: i) Las criptomonedas y su naturaleza jurídica en el derecho comparado y Argentina Denoya Rolla, Pablo Daniel; ii) Regulación legal de las Monedas Virtuales en Argentina – Mariano Ferrero – Suplementeo Especial Erreius – Derecho Innovación y Tecnología – Año 2020.

BIENES PERSONALES EN EL EXTERIOR: nuevas medidas adoptadas por el Gobierno

BIENES PERSONALES EN EL EXTERIOR: nuevas medidas adoptadas por el Gobierno

En el marco de medidas tomadas por el Poder Ejecutivo Nacional, frente a la situación actual, se decidió la prórroga  (a través del decreto 330/2020 publicado en el B.O.) hasta el día 30 de abril del corriente año del plazo para que los contribuyentes que posean fondos en el extranjero puedan repatriarlos con el beneficio de la exención del aumento de la alícuota sobre bienes situados fuera del país.

Por su parte, AFIP convalidó la prórroga hasta el 6 de mayo próximo para pagar el adelanto del impuesto sobre Bienes Personales en el exterior, acompañado de la extensión de la feria fiscal hasta el día 12 del corriente mes, ver RG. 4691 y 4692/2020 (correspondientemente) publicadas también en el B.O.

Durante la vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio se mantendrá la suspensión del cómputo de los plazos vigentes para los distintos procedimientos administrativos que se encuentren llevándose a cabo (sumarios, clausuras, DTO, requerimientos fiscales, entre otros).

Vale remarcar que, la medidas adoptadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos, no implican la modificación del esquema de alícuotas para el anticipo.

El monto a ingresar está determinado como un porcentaje entre 0,1% y 0,5% del total de los bienes declarados en el extranjero. El pago a cuenta no puede compensarse con saldos de libre disponibilidad.

Deberemos tener en cuenta que,  quienes realicen la repatriación y siempre y cuando, dichos importes permanezcan por depositados en una cuenta abierta a nombre de su titular en entidades bancarias autorizadas, hasta el 31 de diciembre de este año quedarán exceptuados del pago a cuenta y, en consecuencia, tampoco

deberán abonar las alícuotas diferenciales del impuesto sobre los bienes personales para los activos en el exterior.

Que sucede ante un incumplimiento? Cuando los contribuyentes que realizaron una solicitud de eximición del ingreso del pago a cuenta, no cumplan con la repatriación o los plazos de permanencia, la obligación correspondiente al pago a cuenta volverá a ser exigible junto con intereses resarcitorios.

Consideramos que estas medidas darán posibilidad al contribuyente  de evaluar, analizar y adoptar la decisión que estimen más conveniente, y permitirá a los profesionales intervinientes disponer de un plazo adicional para dar un adecuado asesoramiento al caso.