Por Gina Di Benedetto

El oficialismo decidió “dar de baja” el proyecto presentado por los diputados de extracción sindical Hugo Yasky (CTA), Carlos Cisneros (La Bancaria) y Vanesa Siley (Judiciales)  de crear un impuesto que grave el 1.25% sobre los bienes que superen los 10 millones de pesos registrados en el país y de 1.75% en el exterior; alegando que decidieron unificar posturas y que va a haber un único proyecto del Frente de Todos que sea  «sensato, equilibrado y bien hecho», ya que la tentativa inicial carecía de técnica tributaria y padecía de términos jurídicos imprecisos, entre otras falencias.

El proyecto prometía, además, un impuesto del 10% de su declaración jurada a quienes tengan una rentabilidad superior a 50 millones de peso, el destino de la recaudación era material sanitario (que se  coparticipan con las provincias y éstas con los municipios) como nueva medida para afrontar la crisis económica causada por el Covid-19.

Ahora, el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, está al frente de un nuevo proyecto por encomendación del diputado Máximo Kirchner. Donde plantean gravar de manera “extraordinaria, retroactiva y por única vez» que igualmente abarcaría a los más de US$ 100 mil millones que se blanquearon en 2017. 

La medida que proponen ciertamente no sorteará el mecanismo de control de constitucionalidad, ya que estaría tomando como hecho imponible una exteriorización de riqueza previa a la sanción de la ley y ello representa una palmaria violación a los derechos, principios y garantías resguardados por nuestra Carta Magna.

Quienes se se acogieron a dicho régimen por ley del Congreso en 2016 (ley 27.260, Régimen de Sinceramiento Fiscal) ya han, han quedado liberados de cualquier clase de sanciones vinculadas a dicha operación, por lo que un impuesto retroactivo sería inaplicable conforme a nuestra Constitución Nacional.

Su implementación atentaría contra la seguridad jurídica (pilar insustituible de todo régimen republicano y democrático) de quienes recurrieron a esta amnistía para exteriorizar moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país o en el exterior -abonando asimismo un impuesto especial -cuya alícuota dependía de cada caso en particular-

La seguridad jurídica se encuentra íntimamente ligada a las garantías de la persona frente al Estado y se extiende tanto al derecho a la propiedad como al resto de las libertades positivas del hombre. Cuando un derecho se encuentra en nuestro dominio (i.e. derecho adquirido), es incuestionable el hecho de que ni el legislador mismo puede desapropiárnoslo con regulaciones a posteriori (como plantea hacer el Gobierno, cobrando a quienes adhirieron al blanqueo un plus de impuesto no previsto en la ley original).

Como dictaminó el Procurador General de la Nación, José O. Casás, en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Insúa, Juan Pedro 01/10/1987 LL 1988 B-215:

“La convalidación de un decreto de naturaleza impositiva inconstitucional, por una ley posterior, resulta igualmente violatoria del art. 17 de la Constitución Nacional, desde que el efecto retroactivo de la ley encuentra un valladar insorteable en una situación definitivamente creada al amparo de la legislación precedente.”(…)“… Quiero recordar las enseñanzas ya más que centenarias del inspirador y maestro de la Constitución Juan Bautista Alberdí (…): ‘Por el impuesto mal colocado, matáis tal vez un germen de riqueza nacional. Por el impuesto mal recaudado, eleváis la contribución de que forma un gasto adicional; atacáis la seguridad, formáis enemigos al gobierno, a la Constitución y al País, alejando las poblaciones asustadas de un fisco armado en nombre de la República de todas las herramientas de la inquisición. Las contribuciones, opuestas, los fines y garantías de la Constitución son contrarias precisamente al aumento del Tesoro Nacional, que según ellas tiene su gran surtidero en la libertad y en el bienestar general’.”

Así mismo, dicho impuesto vulneraría tanto el principio de capacidad contributiva la cual no debería medirse por el patrimonio que uno tiene hoy en base a algo que se hizo en 2017, como el principio de igualdad, porque el hecho de haber adherido al régimen de sinceramiento fiscal en el pasado no significa una mayor capacidad contributiva. La medida propone, sin límite de tiempo, un impuesto suplementario a la ganancia del 10%, que se suma al 35% al que ya está gravada, ello hace un total de 45%, lo que confiscatorio a todas luces.

Por lo expuesto, creemos que, si se aprobara la implementación de esta medida tributaria categóricamente inconstitucional, tendría como consecuencia -entre otras- un enorme menoscabo de la confianza de la población en el Estado y, los contribuyentes, (remarcando que afectaría no sólo a la clase alta si no, también, a la clase media) no recurrirán nuevamente a este tipo de recursos recaudatorios como son los sinceramientos fiscales. Creemos que este temor y desconfianza podría, además, conllevar nuevamente a una fuga de capitales y a la salida las pocas empresas multinacionales que aún apuestan en el país (sin mencionar que es un repelente para cualquiera nueva inversión o emprendimiento).

El Gobierno debería recurrir a un nuevo blanqueo en lugar de gravar los a los activos ya blanqueados, a causa de que una enorme porción de la masa gravable de recursos aún se encuentra sin declarar y deberían implementarse medidas para que éstos sean sincerados. Así, en una etapa posterior a la crisis causada por la pandemia, se procedan a implementar diferentes regulaciones para disminuir esta agobiante carga impositiva global que es asfixiante para los contribuyentes y genera de esta situación de ocultación de activos, impactando directamente las arcas del Estado.